EL DELITO DE FAVORECIMIENTO DE ACREEDORES
Abogados expertos en el delito de favorecimiento de acreedores
VMC | Abogado penalista es un despacho dedicado exclusivamente al Derecho Penal y especializado en el delito de favorecimiento de acreedores. Han sido numerosos los procedimientos por favorecimiento de acreedores que hemos llevado a lo largo de estos años consiguiendo un elevado porcentaje de éxito.
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Dispone el art. 260 CP: 1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial. 2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto. La reforma llevada a cabo por la LO 1/2015 supuso la división de dicho artículo en dos figuras diferentes: a) favorecimiento preconcursal de acreedores Consiste en castigar al deudor que encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente favorezca a alguno de sus acreedores realizando una disposición patrimonial con finalidad de pagar créditos que no sean exigibles o dándole una garantía en el cobro del mismo a la que no tuviere derecho, sin que ello obedezca a justificación económica. Para que se dé el delito, además de lo anterior, se exige que el acto dispositivo favorecedor de alguno de los acreedores esté destinado a pagar un crédito que, pese a ser existente o real, no fuese todavía exigible, por ejemplo, por no estar vencido, o debe tratar de dar una garantía a un acreedor a la que este no tuviera derecho, careciendo la operación de justificación económica. b) favorecimiento concursal de acreedores El art. 260.2 CP parte de un presupuesto de salida diferente al del art. 260 CP, puesto que, en el presente caso, ya estaremos inserto en un procedimiento de concurso por “haber sido admitida a trámite la solicitud de concurso”, lo que obliga a que hayan sido emitidas las resoluciones judiciales de declaración de concurso del art. 14 y 15 LC o, cuanto menos, la admisión a trámite de la solicitud de un acreedor tal y como recoge el art. 15.2 LC. El delito pretende garantizar toda una serie de restricciones judiciales a la legitimidad dispositiva del deudor que se encuentra inmerso en un concurso de acreedores, y ello a los efectos precisamente de garantizar que su patrimonio quede sujeto a la responsabilidad patrimonial que le correspondería. De ahí que castigue cualquier acto de disposición patrimonial no autorizado legal ni judicialmente ni por los administradores y esté destinado a pagar a uno o varios acreedores con posposición del resto, por lo que será necesario que haya algún acreedor que esté en una situación de cobro preferente o cuando menos equivalente a la del favorecido.