La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 5/2010, de reforma del Código Penal. En ese momento, y por primera vez en la historia de nuestro ordenamiento jurídico, las personas jurídicas podían ser penalmente responsables de los delitos cometidos por sus trabajadores o por sus administradores. Sin embargo, en el año 2015, nuestro legislador decidió, haciéndose eco de la diferente normativa internacional, establecer como causa de exención penal para la persona jurídica, el tener y aplicar un Modelo de Prevención Penal o Compliance Program.

Así, nuestro artículo 31 bis 2 y 4 CP establece que las Personas Jurídicas quedarán exentas de responsabilidad penal si ésta ha adoptado y ejecutado eficazmente, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Por ello, resulta de vital importancia que las Personas Jurídicas cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos o Compliance Program para evitar futuras responsabilidades penales. Dichos planes deberán contar con un contenido específico:

• La identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden cometerse delitos y que requieren de medidas de prevención y control.
• La elaboración de un modelo de prevención que incluya protocolos de actuación y el establecimiento de medidas de vigilancia y control para la prevención de delitos.
• La designación de un órgano independiente que supervise el funcionamiento del modelo y de los protocolos de prevención.
• La actualización periódica de este plan.
• La obligación de informar de posibles riesgos penales al organismo encargado de la vigilancia del funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
• El establecimiento de un sistema disciplinario interno que sancione las infracciones de las medidas adoptadas en el modelo de prevención del PPPE.